La opinión de Cremades

Hace un mes, hablando con el juez Grande Marlaska le pregunté cómo se podía actuar contra las opiniones de determinados líderes de la iglesia católica que empleaban el discurso de odio amparándose en la naturaleza homófoba del propio pensamiento religioso. Me refiero a esos enfrentamientos, por todos conocidos, en los que la libertad religiosa, de credo o ideológica, choca y condiciona otros derechos fundamentales como la igualdad o la dignidad humana. El juez me recordó que el artículo 510 del Código Penal ya refleja la respuesta a los delitos cometidos en la práctica de los derechos fundamentales. O sea, cuando existe un abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, o de pensamiento, por ejemplo, que incite, aunque sea indirectamente, a la violencia hacia un colectivo determinado. De esa manera, ante cualquier declaración pública que favorezca, promueva, facilite o incite a la violencia, el hostigamiento, la discriminación o el odio estaremos frente a un delito de odio. Pero también añadió dos conceptos susceptibles de reflexión por parte de toda la sociedad: la obligatoriedad de contextualizar cada una de esas declaraciones y la necesidad de comprender que en un Estado de derecho la libertad de expresión no se basa exclusivamente en decir lo que a uno le viene en gana; la libertad de expresión también significa tener que escuchar cosas que no nos gustan.

Sirva este párrafo de introducción a la polémica generada por las desagradables declaraciones del humorista Jorge Cremades que, en un fallido ejercicio de incorrección política y en una sobreactuación de cuñadismo, manifestó que había más violaciones a hombres que a mujeres. No voy a sorprender a nadie si digo que siento cero empatía con Cremades, que su humor cipotudo no me hace ni puta gracia y que me entristece pensar lo mal que lo hemos hecho para que millones de adolescentes y jóvenes de este país sigan divirtiéndose con un humor de trazo grueso, simplón, irreflexivo, caduco, propio de una sociedad en transición. Pero no puedo ver con buenos ojos que se vete al humorista por su opinión, por muy criticable que sea. Y eso sucedió cuando el Ayuntamiento de Elche anuló el espectáculo que Jorge Cremades tenía previsto en su ciudad como reacción a su opinión. Y eso es muy peligroso. Sé, por mi manera de entender el mundo y la convivencia, que la pretensión de la institución pública era ejemplarizante. Procuraba dejar claro su compromiso con la igualdad y la tolerancia cero ante cualquier actitud que pudiese minimizar la violencia de género. Pero nunca debe ejercer ese derecho practicando el abuso de poder. Limitar el derecho de un ciudadano a ejercer su profesión por una opinión es un atentado a un derecho fundamental. Saca un comunicado rechazando las declaraciones, lleva las campañas de concienciación a las escuelas e institutos, haz que sea la propia sociedad la que reaccione ante ese discurso, pero no censures nunca una opinión porque mañana cambiarán los vientos ideológicos y puede que un alcalde pro vida se sienta respaldado para vetar la actuación de una actriz porque haya declarado estar a favor del aborto.

Volví a pensar en las palabras del juez Marlaska. Y comprendí en la necesidad de contextualizar esas declaraciones, ver la intencionalidad y la proporcionalidad. Esos son los factores que siempre tiene en cuenta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos antes de dictar sentencia sobre un discurso de odio que, no lo olvidemos nunca, es la base teórica del delito.

Rechazo el humor de Cremades pero jamás lo prohibiría. La victoria no es lograr que un ayuntamiento retire un espectáculo de la programación de un teatro público por la opinión de su protagonista; la victoria es conseguir que el público no empatice con ese tipo de comentarios. Que ofendido ante ese tipo de declaraciones, opte por no comprar la entrada. Eso significaría que el público piensa, reflexiona y discierne (bendita palabra). Es preferible que un ayuntamiento conciencie a que sobreproteja a sus ciudadanos.

Como bien me dijo Marlaska, la libertad de expresión también es escuchar aquello que no nos gusta. Eso no significa que tu opinión, más si eres una persona relevante en el ámbito social, no tenga consecuencias. Las tiene. La pérdida de público, las críticas en los medios de comunicación y las redes sociales, las decisiones personales de trabajar o no con esa persona, son consecuencias. Ahora, los seguidores de Cremades tienen un mártir que echar a la causa. Y no olvidemos que la mayoría de sus fans son adolescentes. Cuando eres adolescente lo único que te la pone dura es ir a la contra de todos los demás. Nuestra responsabilidad recae en educar en el pensamiento, en la reflexión. De lo contrario, esos adolescentes seguirán sin ver la responsabilidad que reside tras un chiste de un tío que droga a una chica para poder tener sexo con ella. Ese chiste, tras las violaciones del pasado San Fermín, es, como poco, inoportuno.

La opinión de Cremades apesta. Y su disculpa solo puso en evidencia su falta de conocimiento, demostrando que el sustento teórico de sus opiniones tiene la misma profundidad que su humor: cero. Pero aún así, siempre apoyaré la libertad de expresión de cualquier ser humano. Incluso cuando opine aquello que rechazo. Y si hay indicio de delito en la declaración, si hay intencionalidad de favorecer, promover, incitar a la violencia, al hostigamiento, a la discriminación o al odio, si hay responsabilidad, ahí está el artículo 510 del Código Penal listo para actuar. Si no, alegrémonos de vivir en un Estado de derecho y de derechos donde poder escuchar lo que no nos gusta es prueba de que podemos seguir expresándonos libremente.

jorge1

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Un Comentario

  1. Sinmurallas

    Entiendo que el problema no está en vetarlo, sino en haberlo contratado inicialmente. Yo no prohibiría, desde el ámbito privado, el humor o como se llame lo que hace este chico; pero nunca, nunca, desde una institución pública, lo contrataría. La responsabilidad social derivada de una institución de lo público implica la transmisión y defensa de unos valores de convivencia y respeto que quedan al margen, y protegidos, de cualquier respeto a la libertad de expresión. Si el Ayuntamiento contrató a este chico y después rectificó al comprobar que la transferencia de conocimiento y de pensamiento crítico hacia su ciudadanía era inconveniente, hizo bien en cambiar de programación. “Lo siento, no era usted lo que creíamos y no queremos, con dinero público, ofrecerle sus gracietas a nuestros ciudadanos. Perdón por los inconvenientes y si hay alguna responsabilidad civil derivada por el error inicial pues que se subsane”
    Se respeta cualquier opinión, por supuesto; pero no se difunde ni se promueve con dinero público si no se entiende como positiva para la ciudadanía por la que velamos.

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