El desorden público

Líbreme Dios, o quien corresponda, de actuar como el Partido Popular y criticar aquellas sentencias judiciales que no comparto. Sobre todo si antes he lanzado grandilocuentes alegatos sobre la necesidad de dejar trabajar a la Justicia y el obligatorio respeto a sus decisiones. Pero los argumentos que han llevado a condenar a un grupo de estudiantes que, en las protestas de 2012, ocuparon la Conselleria d’Educació de Palma llaman poderosamente mi atención.

La jueza les acusa de desorden público y les ha impuesto, a cada uno de ellos, y creo recordar que fueron cuarenta y cuatro, una sanción de 720 euros. Cinco de ellos, además, han sido condenados por delitos de lesiones ya que, en los altercados, se lastimó al jefe de gabinete del conseller d’Educació. Aunque la sentencia se puede recurrir –no olvidemos que la Fiscalía solicitaba penas de cárcel-, estuve un rato dándole vueltas a ese concepto jurídico del “desorden público”.

NOTA DEL AUTOR: Me paso el día reflexionando. Si por cada reflexión me saliese un abdominal, se fortaleciese un bíceps y se marcase un tríceps, sería el puto amo del Instagram.

Como en esta sociedad recelosa hay que subrayar determinados principios básicos para que no te acusen de colaboracionista con el terrorismo, parto del rechazo absoluto a la violencia. Incluso me atrevería a decir que, dialogando alrededor de una mesa con el grupo de jóvenes condenados, tendríamos muchas más discrepancias de las que alguno estaría dispuesto a aceptar. Pero no deja de sorprenderme que, en esta reinvención de la sociedad a la que estamos abocados, el concepto de ‘desorden público’ diste tanto de la concepción de ‘orden público’.

La jueza considera que los jóvenes se excedieron en su protesta, provocando un “desorden público”. Apunta en su sentencia que el camino “normal” hubiese sido que un representante de los estudiantes accediese al centro y entregase, con mansedumbre, a la secretaria del responsable de turno un manifiesto en el que se redactasen las causas de su indignación. Docilidad e indignación: dos valoraciones, de entrada, incompatibles.

Entiendo que para ocasionar un ‘desorden público’ primero tiene que existir un ‘orden público’ que alterar. Si entendemos ese ‘orden’ como un estado de legalidad en el que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y acatan, estarán conmigo en que los valores democráticos y el estado de Derecho se…desdibujan, por decir algo fino. Si la legalidad es aquella que marcan las autoridades corremos el riesgo de que algún día tengamos un poder que considere que una mujer que aborta es una asesina, que dos hombres jamás deben casarse, que opinar en las redes sociales es incitación a la violencia, que desmantele la Sanidad y la Educación pública, que instaure una reforma laboral que origine una insalvable brecha de desigualdad y estratificación social, que acoja bajo su manto un intolerable sistema de corruptelas, favores y compromisos, que acepte de buen grado sueldos miserables para sus ciudadanos,… podría seguir pero no quiero acabar en el siglo XIX. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacer cuando el ‘orden público’ se fragmenta desde arriba? ¿Empapelamos la ciudad de manifiestos mientras el poder sonríe con prepotencia? Sabemos y confiamos en la Justicia, lenta como ella sola, pero ¿qué hacemos con el ‘mientras tanto’? ¿Lo aceptamos aunque sea un abuso de poder? Porque claro, si ese abuso proviene del poder, acabará siendo ‘orden público’ y alzar la voz contra ese abuso, un delito de ‘desorden público’. En ese supuesto, el desahucio de una familia manipulada por una entidad bancaria es ‘orden público’. Quejarse de ese atropello, ya sea en el portal del domicilio de la familia o bien en la entidad bancaria que ordena el desahucio, es ‘desorden público’. ¿Lo he entendido bien?

De todos modos, intuyo que algo está cambiando. Hace un año y medio sentía la rabia en las calles. Escuché las palabras ‘revolución’ y ‘guillotina’ mucho más de lo que hubiese deseado. La indignación, como las mareas, subía y bajaba. Aumentaba el conflicto y el desapego con la autoridad y la clase política. Pero ahora, todo eso se ha calmado. No creo que sea desidia, ni condescendencia, ni abnegación. Creo que el pueblo, la gente, está siendo consciente de su poder y lo único que está haciendo es esperar. Esperar la venganza. Eso sí, respetando los cauces legales: no promover el ‘desorden público’ pero con la clara intención de cambiar el ‘orden público’.

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