Cuestión de voluntad

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Uno de mis grandes hallazgos en la ficción televisiva de esta temporada ha sido la serie estadounidense Rectify. Para no emborracharme de entusiasmo y hacer este primer párrafo interminable explicaré, brevemente, su argumento. La serie se centra en Daniel Holden, un hombre que, tras pasar diecinueve años en el corredor de la muerte en Georgia, es puesto en libertad. El juicio que le condenó se anula –nada aclara que Daniel no fuese culpable- y él regresa a su localidad natal, con su familia. Sin embargo, la mayor parte del pueblo piensa que no se ha hecho justicia y que el asesino de una adolescente está en la calle. De esa manera, la serie muestra que cuando el odio se enquista en una sociedad, la exigencia de venganza se convierte en argumento.

Aunque he resumido Rectify de una manera tan burda que me avergüenza, lo que pretendía era adentrarme en el huracán vehemente que nos ha barrido todo discernimiento durante esta semana. Escribir de la ‘doctrina Parot’ y de la excarcelación de los asesinos es, hoy por hoy, un riesgo para cualquier columnista. Para España, para el ser humano, no hay espacio para la sensatez: o estás con las víctimas o estás con los asesinos. Como si hubiésemos eliminado de nuestras aptitudes la de reflexionar.

A estas alturas todos deberíamos saber que la ‘doctrina Parot’ es –nadie la ha anulado todavía- un atajo legal, un juego de ilusionismo que los políticos encargaron a los jueces y al que ahora se le ha visto el truco. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha tumbado esa ‘doctrina’ que permite que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplique sobre la suma de cada una de las penas -3.828 años en el caso de la etarra Inés del Río– en lugar de hacerlo sobre el máximo legal permitido, que son treinta años. Lo que ha dicho Estrasburgo es que no se puede aplicar de modo retroactivo, como se hizo en España, porque eso vulnera los Derechos Humanos. No los de Inés del Río; los de todo ser humano.

No es difícil entender que el castigo que se impone a un delito debe ser el establecido en la ley en el momento de cometerlo. No podemos ver con buenos ojos que, mientras se cumplen las condenas y existe una sentencia firme, se puedan modificar las mismas (si es a peor, mejor) al amparo de una dudosa estrategia.

No me cuesta empatizar con el dolor social que provoca ver salir a los malos de la cárcel pero también tengo claro que los Derechos Humanos están por encima del odio y la venganza. Porque, en el fondo, de eso es de lo que estamos hablando. De presos a los que deseamos que “se pudran en la cárcel” cuando ese concepto es incompatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos que hemos firmado y a la que aludimos cada vez que salimos a la calle a gritar contra las guerras, la homofobia e incluso los recortes. Ha llegado el momento en el que debemos quitarnos las máscaras y asumir quienes somos a cara descubierta. O queremos que “se pudran en la cárcel” o estamos a favor de los Derechos Humanos.

Mi opinión ya me ha llevado a escuchar frases como “y el militar asesinado, ¿él no tenía derechos humanos?” O “si fuera tu hermana la violada seguro que no pensabas así”. Y las disculpo desde mi empatía con el dolor pero creo que solo resaltan la sinrazón de una turba a un paso del linchamiento. Me preocupa que una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos sea capaz de alimentar un odio tan primario entre la población. La ‘doctrina Parot’ es una estrategia para articular la venganza. Y ese no es el país en el que quiero vivir. Quiero vivir en un país en el que se imparta justicia, no venganza. Y la justicia dicta, en su Código Penal, que aunque se condene a una persona a diez mil años, solo podrá cumplir treinta que, gracias a los beneficios penitenciarios, se quedaría en veinte o menos. Esa es nuestra Justicia que ningún Gobierno se ha atrevido a endurecer porque eso nos situaría en la lista de países que vulneran los Derechos Humanos, como Bielorrusia, China, Cuba o Estados Unidos, que está en esa lista por la vigencia de la pena de muerte en la mayoría de sus estados. Si queremos una Declaración Universal de los Derechos Humanos a la carta, quizá deberíamos salirnos de todos los acuerdos internacionales que tenemos firmados al respecto, como quiere hacer Uganda, y aceptar que lo que nos gusta es vengarnos.

La reforma del Código Penal de Gallardón contempla un cumplimiento íntegro de las penas que únicamente se podría revisar una vez cumplida la mayor parte de la condena. Pero el máximo legal permitido para la privación de libertad sube de 30 a 35 años. En España no existe la cadena perpetua así que conviene que dejemos de fingir que tenemos algo parecido. Primero, porque no lo tenemos. Y segundo, porque atenta contra los Derechos Humanos y es una grieta en el Estado de Derecho, que lo es para todo y para todos, incluso, por mucho que nos ofenda, para aquellos que lo cuestionan y lo agreden.

Todos sabemos que si se hiciese un referéndum sobre la pena de muerte dos días después de un atentado terrorista, la inmensa mayoría de las ciudadanías votaría sí. Vamos a intentar que nuestra capacidad de reflexión y convivencia no viva permanentemente en los dos días posteriores a un atentado. De lo contrario, incentivaremos a una clase política que buscará las estrategias para alimentar el instinto más básico de su pueblo sedando así sus reivindicaciones de verdadera justicia social, dejando sin cobertura los aspectos más fundamentales sobre los que levantar una civilización.

Todos los gobiernos lo han hecho así porque era ‘lo lógico’ para luchar contra el malo. Pero cuando nos examinan desde fuera, cuando de verdad hablan de un Estado de Derecho, entonces no nos gusta que se metan en nuestras cosas y fruncimos el ceño. El asunto levanta tales pasiones que aquellos que ayer agachaban la cabeza ante los recortes impuestos por Bruselas y los imponían sin mirar los daños que causaban –no olvidemos que también hay víctimas mortales de esos recortes-, ahora les molesta aceptar la sentencia de Estrasburgo. Y aquellos que nunca se manifestaron contra esos recortes, contra los desahucios, hoy salen a la calle contra los Derechos Humanos. Porque aquí no estamos hablando de etarras, de violadores, de asesinos,…hablamos de unos derechos que nos amparan a todos.

Escucho al ministro del Interior hablar por la boca del pueblo y decir que no puede tener el mismo reproche penal quien mata a uno que quien mata a veinticuatro. Me sorprende que diga eso el ministro del Interior. Quizá debería comer más con su colega Gallardón, ministro de Justicia, para que le explicase que precisamente no tiene el mismo reproche penal el que mata a uno que el que mata a veinticuatro. En el nuevo Código Penal, la mayor pena recae en los delitos de terrorismo. Un máximo de 35 años de prisión permanente revisable. Un terrorista tendrá, de entrada, mayor condena que el asesino de un menor, el que mata tras abusar sexualmente de su víctima e, incluso, el que asesina al Rey o a su heredero, que tendrían un máximo de 30 años de prisión permanente revisable una vez se hubiese cumplido una parte relevante de la condena y se acreditase reinserción por parte del preso.

Escucho al Partido Popular decir que Inés del Río seguirá siendo una asesina. ¿Quién ha dicho lo contrario? Nadie lo niega. Posiblemente ni ella misma. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que ya hubiese cumplido la condena que se le impuso en su momento y que la ‘doctrina Parot’ alargó durante nueve años más. Años que, ahora, encima, hay que indemnizar.

Puede que el ser humano no haya evolucionado tanto como creemos. En lo que respecta a nuestras emociones y sentimientos estamos en el 484 antes de Cristo, año en el que vivió el historiador griego Heródoto, padre de la frase “la historia es una sucesión de venganzas”.

Esta semana, en Twitter, que es como buscar en un mercadillo, si le pones empeño puedes encontrar joyas, leí el siguiente tuit: “El truco está en odiar muy fuerte hacia fuera para no tener que enfrentarte a lo que tienes dentro”. Si he empezado este larguísimo artículo hablando de Rectify, voy a acabarlo con Pena de muerte, la película de Tim Robbins. Recuerdo una de las secuencia finales, cuando la hermana Prejean (Susan Sarandon) ve al padre de una de las víctimas en el funeral del asesino ajusticiado Matthew Poncelet (Sean Penn). Él reconoce que no sabe por qué está ahí, que aún siente odio y se disculpa ante la hermana Prejean por no tener su fe. Y ella contesta: “No es cuestión de fe sino de voluntad”.

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  1. Yo he hecho también una entrada sobre el tema no se si hayamos sido muchos los que desde un blog personal nos hayamos atrevido fuera del típico “hay que pena me da que se me ha muerto la doctrina”. No aporto link porque no aporta nada, solo dudas y es que en este tema había muchas cosas que no cuadraban. Leído esta se me aclaran algunas.
    Mi impresión es que miramos demasiado al delincuente para ver cómo se les castiga y pocos se preocupan por la víctima y cómo se le resarce del daño recibido y quién debe hacerlo. Yo creo que la obligación de resarcimiento asícomo la protección-alejamiento de la misma no acaba con el cumplimiento de la pena o no debería hacerlo a lo mejor me podría iluminar sobre el particular es lo que me queda.

    • Desde luego Manospal. Una cosa es aceptar las leyes de tu país, aceptar las sentencias, cumplir con los Derechos Humanos (incluso los malos los tienen), y otra desproteger a las víctimas. Y la venganza no es un alimento para la víctima. Por eso el Estado y la sociedad deben encontrar fórmulas para arropar a la víctima, para protegerla, para acompañarla, para resarcirla del dolor, pero alargar ilegalmente la condena del delincuente, ¿de qué me sirve a mí como víctima? Y si te sirve, entonces es que funcionas en tu vida con la venganza. Sólo la pena de muerte podría calmar su ansia de sangre. Y, en la mayoría de los seres humanos, excepto en los monstruos asesinos del perfil de los terroristas, psicópatas o dictadores, esa venganza no calma en absoluto el dolor por el ser querido perdido.

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